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Chile se juega su futuro

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El 4 de septiembre, los chilenos se enfrentarán en las urnas a una papeleta con dos opciones: aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional que reemplazará la Constitución vigente nacida bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Pero, como sabemos, en los plebiscitos nunca se vota solo lo que se pregunta en la papeleta. Como en tantas otras contiendas, las dos opciones contienen muchas más.

El plebiscito constitucional es fruto de un acuerdo político transversal que buscó canalizar el estallido social de octubre de 2019. Aquella movilización social sin voceros ni voceras, sin organización ni listado de demandas, emitió un claro mensaje de crítica a la elite chilena y, sobre todo, a la política de los últimos 30 años.

El proceso constituyente iniciado luego de las elección de los miembros de la Convención Constitucional fue de una intensidad extrema. No podía ser de otro modo, pues se había establecido el límite de un año para todo el trabajo constitucional. El mismo acuerdo político que dio origen al proceso marcaba, asimismo, que el texto que emanaría de la Convención tendría que ser plebiscitado para su aprobación final en una consulta en la que, a diferencia de otros procesos electorales en Chile, el voto será obligatorio.

Tras un trabajo de casi diez meses, no exento de tensiones y traspiés, el pasado 16 de mayo la Convención Constitucional hizo la entrega simbólica del primer borrador de la nueva Carta magna. El texto, que todavía tendrá que pasar por la Comisión de Armonización, contiene 499 artículos y versa sobre los más variados temas, producto de las deliberaciones de siete comisiones temáticas. Cada una de sus propuestas debió contar con la anuencia de dos tercios de los convencionales para integrarse al borrador tal como estableció el acuerdo político interpartidario.

Ahora que el primer borrador está listo, aún queda el trabajo de las últimas comisiones. Además de la de armonización, se creó una comisión de disposiciones transitorias para definir los plazos y formas de la transición constitucional. Asimismo, se constituyó una comisión de preámbulo: esta tiene la responsabilidad de escribir la introducción no vinculante de la Carta Magna. Es decir, lo que algunos llaman la «poesía» de la Constitución.

Dos propuestas de preámbulo, que probablemente no verán la luz —ya sea por la votación de la comisión o del pleno— no dejaron de llamar la atención. La primera, formulada por algunos convencionales de derecha, comienza del siguiente modo: «Nosotros, los chilenos, con el propósito de continuar transitando hacia una patria más justa, en la que se reconozca a Dios como fuente de la dignidad intrínseca…». Pero la segunda, desarrollada por un grupo de convencionales independientes, es la que ha marcado el tono del debate —aunque no necesariamente el contenido—, dice así: «Somos naturaleza. Siempre lo hemos sido… Los tiempos de ahora, a partir de la gesta de octubre, nos invitan a reconocernos iguales en la diversidad… Somos humanes (sic), construyendo nuestros destinos, con distintas miradas, sin distinciones de género y creencias…».

Ligados a los movimientos sociales feministas, ecologistas y de reivindicación de derechos indígenas, los convencionales independientes que redactaron la segunda versión del preámbulo han tenido una presencia preponderante en los medios. Se trata de dirigentes que lograron «hacer carne» el relato del estallido de octubre de 2019 y que consiguieron, a través de las movilizaciones periódicas en la plaza Italia —rebautizada como Plaza Dignidad—, una fuerte legitimidad social, además de una clara presencia mediática. Aunque su inesperado éxito electoral se explica por una serie de elementos coyunturales, resulta claro que esos dirigentes fueron quienes lograron expresar una idea que rondaba desde hacía mucho tiempo el debate público: la de que las víctimas de una «coalición del abuso» (empresarios, políticos, economistas, etc.) podían arrebatarle el poder a una elite indolente. Y no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pero el problema es que los tiempos cambian.

Un escenario incierto

Según los sondeos de opinión, la intención de voto del apruebo del texto constitucional ha caído consistentemente. A estas alturas, todas las encuestas muestran una leve ventaja para el rechazo. Más aún, los sondeos evidencian que la principal razón de esa actitud parte del juicio negativo a la forma de funcionamiento de la Convención, 55% de los consultados menciona como fuente principal del rechazo la desconfianza en los constituyentes y 40%, el desacuerdo general con las propuestas aprobadas.

En buena medida, este juicio negativo se debe a las diversas performances realizadas durante el debate por algunos convencionales. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo ha terminado por generar cierto desasosiego. Por otro lado, para varios de estos referentes era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos en la Convención (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). Los medios han amplificado estos actos performáticos y las propuestas más descabelladas, que han sido, además, reforzadas por campañas de desinformación en las redes sociales.

Ahora que termina el proceso de deliberación comienzan los preparativos de la campaña para el plebiscito y las fuerzas políticas se han ido ordenando por el «apruebo» o el «rechazo». El texto propuesto ha terminado reflejando la visión de los dos tercios de la Convención. Una visión mucho más amplia que las caricaturas que han dominado el debate público.

En el campo del apruebo parece haber cierto consenso de que será necesario sumar más vocerías capaces de instalar en la opinión pública un texto que se aleja de las estridencias que dominaron el debate durante estos meses. Pero, sobre todo, prevalece la idea de que, terminado el tiempo de los espacios performáticos, debe ser el propio texto el que imponga los términos de la discusión.

El texto

Buena parte de la campaña de los detractores del proceso constituyente se había centrado en la experiencia venezolana (aún resuenan las apelaciones a «Chilezuela» de las últimas dos campañas presidenciales). Diversas temáticas, como la autonomía del Banco Central o el derecho de propiedad, eran presentadas como ventajas del texto constitucional heredado de la dictadura pinochetista. Sin embargo, parece haber cierto consenso en ciernes de que la propuesta de texto constitucional no tiene ninguna cercanía con los fantasmas que se habían levantado sobre la Convención. Incluso desde Morgan Stanley, la poderosa multinacional financiera que opera como banco de inversión internacional, se afirmó que, según sus proyecciones, una aprobación del texto constitucional no afectaría los resultados macroeconómicos del país y que el rechazo, en cambio, generaría mucha más incertidumbre e inestabilidad, y disminuiría el atractivo para los inversionistas.

A diferencia de lo que muchos preveían, la principal crítica al modelo productivo propuesto por la Convención Constituyente no ha provenido de los sectores cercanos al «socialismo del siglo XXI», sino del espectro ecologista. A pesar de que el nuevo texto constitucional redundaría en una mayor regulación para aquellas actividades que generan daño a los ecosistemas —se establece, por ejemplo, una protección muy particular a los glaciares—, las dificultades para consensuar el apoyo de los dos tercios de la Convención hicieron que diversos aspectos ligados a la agenda medioambiental quedaran para la discusión legislativa. De hecho, la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico fue la de peor desempeño en el pleno de la Convención Constituyente, y logró solo la aprobación de 21% de sus propuestas con dos tercios de los convencionales. La declaración de Bloomberg sosteniendo que se trata de un «texto razonable», en el que no quedaron aspectos negativos para la inversión minera, marca parte de los problemas en términos ambientales.

Si bien la cuestión económica seguirá siendo parte de las críticas de quienes rechazan el texto —la manoseada imagen de «chavista» no caerá en desuso—, es probable que la disputa definitiva no provenga de ese flanco. De hecho, más que por lo incorporado al texto constitucional, en términos económicos la discusión se ha centrado en lo que ha quedado afuera y se ha dejado para definir mediante una ley, como el estatuto de la gran minería.

A diferencia de la Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, las comisiones de Sistema Político y Formas de Estado obtuvieron resultados ostensiblemente mejores ante el pleno, dado que alcanzaron la aprobación del 34% y el 48% de sus artículos respectivamente. En términos del sistema político, la disputa principal fue la que tuvo como eje al sistema legislativo. El conflicto fundamental tuvo como eje la posibilidad de alterar el llamado «sistema legislativo espejo» en el que dos cámaras deben aprobar cada proyecto de ley y ambas pueden funcionar como cámara inicial o revisora. El consenso que alcanzó los dos tercios es el de la apuesta por un bicameralismo asimétrico, con una cámara política en la que se originan los proyectos de ley y una segunda cámara que, en la práctica, funcionaría como revisora para casi todos los proyectos. Ambas cámaras jugaran roles centrales para la nominación de autoridades y para dar curso a las acusaciones constitucionales.

En términos de forma del Estado, la propuesta, que contó con un apoyo transversal de las fuerzas políticas, incluidos varios convencionales de derecha, consistió en la conformación de un «Estado regional» con un mayor nivel de descentralización.

Más allá de la importancia que tienen las propuestas de estas reformas, hay pocos que sostengan que estos sean los temas que movilicen a los votantes (apenas 1% de quienes votarían por el rechazo ubican como su mayor motivación los cambios en el Poder Legislativo) y, en el caso de la regionalización, probablemente esta movilice votos por el apruebo. Por otro lado, si bien en este aspecto se incorporó una serie relevante de definiciones, hay numerosas reformas que no pudieron consensuarse por los dos tercios y que quedaron para futuras leyes. Por ejemplo, el sistema electoral no quedó establecido en la Constitución. Además, la norma que establecía el quórum supramayoritario para las reformas constitucionales tampoco logró pasar el pleno.

Por último, la Comisión de Derechos Fundamentales alcanzó un porcentaje de éxito levemente mayor a la de medioambiente, obteniendo apoyo para 24% de su articulado. La cuestión de los llamados derechos fundamentales estuvo en la base de diversas movilizaciones durante la última década, incluido el «estallido» de octubre de 2019. Es, de hecho, la temática en la que la Constitución vigente (expandida en varias «leyes orgánicas») tiene su carácter más distintivo. La Constitución hereda de la dictadura refleja el principio de subsidiariedad, garantizando el derecho a elegir entre la provisión de servicios básicos provistos por privados y por el Estado, pero tiene pocos espacios para exigir que estos derechos se satisfagan en la práctica. El texto constitucional propuesto le otorga un rol más preponderante al Estado, permitiendo la provisión de servicios privados, pero estableciendo que el Estado deba responder ante la demanda por estos servicios. Por otro lado, el detalle de cómo interactuaría la provisión privada y pública quedó, nuevamente, para una futura ley.

En definitiva, en términos de modelo económico, de institucionalidad democrática y de derechos sociales, muchos de los nudos más complejos no consiguieron los dos tercios. En este sentido, los temores de la derecha sobre una posible «Constitución de izquierda» con un programa centralizador del poder en el Estado se han mostrado infundados. Si ha habido una tónica reinante en la Convención ha sido la de la desconcentración del poder. Sin embargo, hay aspectos del texto que sí han levantado la oposición de un sector de la sociedad y particularmente de la derecha. Estos elementos se han convertido en el eje de significativas disputas.

Feminismo y plurinacionalidad

La campaña del rechazo se ha ido ordenando sobre todo en torno a dos temáticas que sí están muy presentes en el texto: las banderas feministas y el plurinacionalismo. En el primer artículo del nuevo texto constitucional se consagra a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirma que además es «plurinacional, intercultural y ecológico». Además, se consagra a Chile como una república con una «democracia paritaria».

El nuevo texto constitucional consagra el derecho al aborto, una de las causas más sentidas del movimiento feminista y de las recientes «mareas moradas». Además, se garantiza la paridad de género en la mayoría de los órganos colegiados del Estado. A su vez, el texto constitucional define a Chile como un Estado plurinacional, reconociéndole algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas e instaurando un sistema de justicia indígena.

Como ha ocurrido en otras latitudes del planeta, el avance del movimiento feminista y, sobre todo, del derecho al aborto, ha generado fuertes reacciones, sobre todo en las bases más duras de la derecha. Por otro lado, según los sondeos de opinión, después del juicio negativo sobre los constituyentes la razón que más emerge entre los que apoyan al rechazo es la plurinacionalidad. Según la encuesta CADEM, los encuestados se inclinaban fuertemente por el concepto de una «sociedad multicultural de una sola nación» frente al de una «sociedad plurinacional», con 72% frente a 26%.

El sector del rechazo ha logrado consolidar una base de apoyo en torno a identidades tradicionales que se sienten amenazadas por la noción de plurinacionalidad. El nombre que se han venido a dar las huestes del rechazo en las redes sociales es el de «los patriotas». Por cierto, es imposible olvidar que, hace solo algunos meses José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha, ganó la primera vuelta electoral para la presidencia y que, en segunda vuelta, logró amasar un número altísimo de votantes (44%), casi el mismo número de votos absolutos con los que Piñera había ganado las elecciones de 2017. Ciertamente, el discurso de la «derecha sin complejos» que enarbolaba un mensaje de orden religioso, familiar y patriótico, puede tener un arrastre relevante. Y hay pocas dudas de que Kast jugará un rol preponderante en la campaña del rechazo.

Una patria inclusiva

La Constitución de 1980 no tiene preámbulo. Apenas tiene algunas referencias a los decretos leyes dictados por el régimen de Pinochet. Aunque los preámbulos no sean jurídicamente lo más relevante del texto constitucional, el hecho de que la Junta de Gobierno no haya sentido la necesidad de introducir alguna visión general sobre la sociedad dice mucho. De hecho, las constituciones previas —las de 1823, 1833 y 1925— tampoco lo tenían. Todas las constituciones que ha tenido Chile nacieron de guerras civiles o golpes de Estado en el que el lado vencedor ha impuesto su posición y, por lo mismo, no ha visto mayor necesidad de entregar un preámbulo justificativo del texto.

La nueva Constitución chilena tendrá necesariamente un preámbulo, porque es un documento redactado ante la sociedad chilena que se expresará en el próximo plebiscito. Hay cosas que ciertamente se podrían haber hecho mejor y hay artículos que, muy probablemente, tendrán que ser reformados por el poder constituido. Sin embargo, en gran medida gracias a la regla de los dos tercios —y más allá de los gestos performáticos y simbólicos— el texto ha logrado ser un lugar de encuentro que ha respondido a su origen democrático y ha superado las posiciones maximalistas sin posibilidades de ser plasmadas en la Carta Magna.

Por otro lado, es claro que una victoria del apruebo no cerraría la cuestión constitucional en el país. El Congreso actual, en el que la derecha y el centro tienen una representación mucho mayor que en la Convención, terminará jugando un papel relevante en implementar y reformar la nueva Carta. En las próximas semanas se definirá cuánto poder se le entregará al Congreso en este proceso de transición y el éxito del proceso dependerá en buena medida de que la Convención le entregue a los parlamentarios las herramientas para hacer estas mejoras.

Pero, más allá de las modificaciones materiales que sufra el texto, el gran desafío será imbuir a la nueva Constitución de un sentido de patriotismo constitucional inclusivo. Una Constitución democrática necesita poder incorporar a la identidades marginadas y abandonadas, que se expresaron en torno a las manifestaciones de octubre de 2019, pero también quienes se sienten parte de las identidades tradicionales de la chilenidad.

Es decir, una patria que no se defina simplemente por sus guerras, conquistas o exclusiones. La patria que puede ser la del Estado social de derecho. Una patria que sea la comunidad solidaria que cuida y protege a todos sus integrantes. Una Constitución democrática no puede ser una imposición de un grupo de vencedores sobre otro, sino que debe dejar la cancha abierta para la disputa y la acción política dentro del marco de respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, quizás haría bien la comisión de preámbulo constitucional en optar por un texto menos marcado por las identidades de la tribu propia. Ideas hay muchas, pero tal vez valdría la pena mirar el ejemplo sudafricano: «Nosotros, por lo tanto, a través de representantes libremente electos, adoptamos esta Constitución como ley suprema con el fin de: sanar las divisiones del pasado y establecer una sociedad basada en valores democráticos, justicia social y derechos humanos fundamentales».

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